Muchas personas jurídicas quedarán a partir del 3 de enero de 2018 obligadas a disponer de un número LEI (“Identificador de Entidad Jurídica”, por sus siglas en inglés).
Esta obligación tiene su origen en los compromisos adquiridos por el Grupo del G20 y la iniciativa del “Financial Stability Board” (FSB) en noviembre de 2012 para dotar de mayor transparencia a los mercados financieros y evaluar y reducir los riesgos financieros de carácter sistémico.
Fruto de las recomendaciones de estos organismos, se creó el “Regulatory Oversight Committee” (ROC), para coordinar y supervisar un sistema eficaz de identificación de entidades jurídicas a escala global. Como consecuencia, las autoridades públicas y la industria financiera han desarrollado el sistema global del LEI.
La trasposición y plazos de adaptación de la normativa doméstica del sistema LEI vienen de la mano de la Directiva europea MIFID II y su reglamento de desarrollo MIFIR. En el caso de España, el Registro Mercantil tiene asignados la gestión y emisión del LEI de las entidades en su circunscripción.
El número LEI está basado en un código alfanumérico de 20 posiciones, mediante el cual cualquier entidad jurídica (por tanto, excluyendo las personas físicas y las entidades sin personalidad jurídica) quedará identificada cuando opere en los mercados financieros, ya sean mercados organizados u OTCs. El LEI informa sobre la denominación, domicilio, domicilio de la sede principal, jurisdicción, etc. de la entidad.
La carencia del LEI implica para las entidades afectadas por la obligación de obtenerlo, la imposibilidad de operar en los mercados financieros a partir del 3 de enero de 2018, de tal manera que los derivados, valores de renta variable o de renta fija, o cualquier otro activo financiero admitido a negociación en un mercado quedaría bloqueado a partir de dicha fecha. Considérese que el hecho de que una sociedad pueda haber decidido invertir una parte de su remanente de tesorería en acciones cotizadas, ya la convierte en obligada a obtener el LEI.
